La privatización de la administración catastral en Buga

 ¡Los bugueños reciben un impacto directo del paquetazo de Duque y la OCDE!

No a la privatización de la administración catastral.

Sí a la gestión catastral del IGAC.

Con mucho sigilo el alcalde de Buga está dando por terminada la relación del Municipio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como gestor catastral. Desde el 2021 la gestión catastral, esencial para la liquidación del Impuesto Predial, estará en manos de una empresa del Departamento del Valle del Cauca, cuyo operador catastral es Valle Avanza S.A.S. La información disponible, hasta el momento, dice que el Departamento del Valle del Cauca tiene el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante es propiedad otras empresas públicas y privadas. Un dato crucial es que esta empresa actúa con el amparo del derecho privado (Art. 461, Código de Comercio) y no con el público como sí lo hace el IGAC. Desde enero advertí que el gobierno de Rojas se había montado en la privatización de la administración catastral y que tendrá consecuencias negativas para la comunidad bugueña.

A raíz de una serie de críticas ciudadanas en redes sociales, el gobierno de Rojas ha emprendido una campaña sistemática en redes sociales para tratar de clarificar el tema. No obstante, las explicaciones a medias, no desmiente la privatización de la administración catastral. Veamos, mediante la metodología de preguntas y respuestas, algunas ideas al respecto de este cambio

1. ¿Qué es el catastro?

Es el inventario de predios urbanos y rurales que existen en una nación, en este caso Colombia. Desde 1957 la administración había estado bajo la administración exclusiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Sin embargo, en los últimos cinco años se tomaron determinaciones legales para cambiar la naturaleza del catastro de una función de registro estadístico hacia un sistema integral de información, denominado catastro multipropósito (Ver).

2. ¿Qué relación tiene con el Impuesto Predial?

El avalúo catastral es la base para liquidar el Impuesto Predial. Ejemplo para Buga: Casa urbana, estrato 3, con avalúo catastral de $140 millones de pesos.

Liquidación: (140.000.000/1000) * (5,4000) = $756.000 pesos.

El Concejo Municipal puede reducir o aumentar el valor de los miliajes (5,4000). Pero el que haga el avalúo determina la base sobre la que se aplica. Por eso es tan sensible el hecho de quién realiza esta función, sí una institución del Estado o una empresa privada.

3. ¿Por qué el IGAC no continúa como el responsable de la gestión catastral en Buga?

Por una decisión política del grupo que gobierna el Departamento y el Municipio de Guadalajara de Buga. Hay Municipios en el Valle y en Colombia que mantienen la relación con el IGAC.

4. ¿Estaba obligado el Municipio a suscribir un Convenio con Valle Avanza?

No. El IGAC sigue siendo gestor catastral por excelencia. Afortunadamente, todavía no lo han liquidado. Aunque la determinación de autorizar a otros gestores catastrales apunta en esa dirección. Esa es la historia de las privatizaciones en Colombia, primero autorizan operadores privados, luego van reduciendo funciones, después crean un ambiente en la opinión pública sobre la ineficiencia empresarial o denuncian actos de corrupción, etc.

En el año 2019, la entonces Gobernadora Dilian Francisca Toro, invitó al Municipio de Buga para se vinculará al nuevo proyecto de gestor catastral departamental. La respuesta del alcalde de la época fue: “no gracias, Buga sigue con el IGAC” (Ver Resolución. Pág. 5, Párrafo 3). Cuando el grupo de Dilian aterrizó en Buga a través del gobierno de Julián Rojas se montaron en Valle Avanza. Con la excusa de la emergencia sanitaria, el 3 de diciembre de 2020, (Nueve meses después de la declaratoria de la emergencia sanitaria) decretaron el traslado de los servicios de administración catastral de Buga a Cali (Ver decreto). Ahora salen a decir que como el IGAC se fue a Cali fue necesario firmar un convenio con Valle Avanza. Unos cínicos.

5. ¿Qué cambió en Colombia para que el IGAC no sea el único gestor catastral?

La cuestión representa un avance en la política de intervencionismo de organismos extranjeros sobre los asuntos de Colombia. En este caso un avance de las imposiciones de la OCDE que corresponde a la tercera etapa del proceso de apertura económica y neoliberalismo.

El camino para la privatización de la administración catastral tomó forma con el documento 3859 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), aprobado por el Gobierno Santos en 2016. A través de este Conpes se sentaron las bases para la adopción de un catastro multipropósito. A este Conpes lo sustentan con una serie de Leyes: Ley 1995 de 2019 (PND), Ley 1995 de 2019 (ajustes legales al tema catastral) y Decreto 1983 de 2019 (Reglamentación parcial de la Ley 1995/19). Cada uno de estas normas tienen el impulso del gobierno Duque y el voto de las mayorías que lo respaldan en el Congreso, incluida la fuerza de Dilian Francisca Toro y el voto positivo del Senador John Harold Suárez, el que dice que ama a Buga (Léase con ironía, por favor).

6. ¿Qué es el Catastro multipropósito?

Un sistema de información integral que le asegura al Estado un análisis de la condición jurídica, económica y física de los predios en el territorio nacional. Esto significa que el Estado tendrá información confiable sobre los títulos de propiedad, conocerá en detalles las características físicas de la tierra rural y los predios urbanos, así mismo podrá disponer de información sobre el avalúo catastral. Este último detalle es esencial para efecto de la liquidación del Impuesto Predial.

Toda la información estará disponible en formato digital lo cual permitirá que el Estado haga cruce de datos entre diversas instituciones con intereses comunes: Ministerio de Agricultura, Dane, Ministerio de Hacienda, Agencia Nacional de Tierras, etc. Pero también facilitará que organismos internacionales conozcan de manera precisa información sobre la tierra y la propiedad en Colombia. Esto es tentador para el Banco Mundial y el sistema financiero internacional.

7. ¿Cuál es el objetivo político del catastro multipropósito?

Primero, el Banco Mundial pretende que Colombia resuelva el problema de la formalización de titulos de propiedad de la tierra, entre otras. Esa es una medida para garantizar la seguridad jurídica de las multinacionales que desean invertir en proyecto de gran minería y explotación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres (Ver crítica de Oxfam). El Banco Mundial tiene en la mira a las 36 millones de hectáreas de la altillanura colombiana. Los promotores de la extranjerización se frotan las manos con este tercio del territorio nacional.

En segundo lugar, buscar garantizar más recursos propios a los municipios y departamentos a través del Impuesto Predial. De esta manera intentan cubrir el recorte sistemático a las transferencias que financian el sistema de salud, de educación pública, saneamiento básico, suministros de agua potable y demás programas de inversión social en las regiones.

Para tal fin, es necesario -dice el gobierno nacional- “modernizar” las herramientas técnicas, financieras y de administración, del catastro de la nación. Esta modernización es financiada con un crédito de $150 millones de dólares, prestados por el Banco Mundial. Y bueno el que pone la plata, pone la condiciones.

En resumen, el Banco Mundial hace una jugada maestra con el Catastro Multipropósito. Facilita la extranjerización de la tierra en Colombia y garantiza que el Estado no le falle con el pago de los intereses de la cada vez mayor deuda externa. A noviembre de 2020 la deuda externa superó los 147 mil millones de dólares (54% del PIB).

Y mucha atención. Duque ya anunció una nueva reforma tributaria que castiga a más de 80 productos de la canasta básica familiar con IVA del 19%. Esto es un abuso.

8. ¿En qué se benefician los grupos políticos que apoyan a Duque?

En que tienen la oportunidad de un nuevo negocio muy jugoso. Tal como ya sucede con los servicios públicos domiciliarios, la salud, la educación, las compras públicas y las obras de infraestructura. Son negocios, socio…

9. ¿Cómo afecta a los ciudadanos propietarios de predios?

Definitivamente van a fustigar a los contribuyentes con el Impuesto Predial. Para el país es grave la situación porque facilita la entrega de la tierra de los colombianos a las multinacionales y al sistema financiero internacional.

De otra parte, los gestores catastrales actúan bajo la lógica del derecho privado y no del público. Esto supone una dificultad para que las instancias del poder público les hagan control a las actuaciones. En segundo lugar, los gestores catastrales “podrán”, esto léase como un hecho, contratar un operador catastral para hacer los estudios de la actualización catastral. Estos operadores tendrán que demostrar experiencia en ese campo. Ahí entran en el juego empresas con intereses en el mercado de la propiedad inmobiliaria. Así que los propietarios quedan a merced de especuladores inmobiliarios.

En plata blanca, estos operadores podrán decidir cuánto costará el metro cuadro de tierra en determinados sitios y el metro cuadro construido de propiedades en determinado lugar de interés. En consecuencia, las propiedades tendrán más valor catastral y estarán sujetas a pagar un Impuesto Predial más alto. A su vez, los alquileres serán más costosos, entre otros detalles. Y al ciudadano que lo muerda el tigre.

10. ¿Qué puede suceder en Buga?

Buga está en mora de hacer una nueva actualización catastral. Si se impone la privatización del catastro, nos sorprenderán con un PREDIALAZO. Los 40.129 predios de Buga están avaluados en $ 3,7 billones de pesos, que le representa al Municipio más de $15 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Predial. El gobierno de Rojas necesita más recursos propios para soportar el pago del crédito de $13 mil millones de pesos. El Banco que los preste va a exigir la pignoración del ingreso por concepto de Impuesto Predial. Por eso están tan interesados en un socio que les dé la mano. Ahí entra Valle Avanza con la actualización catastral, para que los bugueños paguemos más Impuesto Predial.

11. ¿Qué hacer frente a esta situación?

Exigir al gobierno de Julián Rojas y al Concejo que se suprima el Convenio con Valle Avanza y retomar la administración catastral con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Exigencia que incluye que el IGAC dé apertura a la oficina de atención al usuario en Buga. Todo esto es posible. Es cuestión de voluntad política. Voluntad que necesita el estímulo de la movilización ciudadana.

No a la privatización de la administración catastral.

Sí a la gestión catastral del IGAC.