Ahora el IGAC y el catastro
Privatización
y catastro multipropósito.
En el año 2016, durante el gobierno de
Santos, el Departamento Nacional de Planeación publicó el documento Conpes 3859
(13 de junio), con el cual se aprobó la política
para la adopción e implementación de un catastro multipropósito urbano-rural.
Una determinación medular de esta política fue eliminar la exclusividad del
IGAC como gestor catastral y abrir la puerta otros actores, públicos, privados, académicos, nacionales,
territoriales e incluso internacionales (Conpes 3859, pág. 34). Al IGAC lo
relegan al papel de autoridad nacional a cargo del control y vigilancia de los
nuevos gestores y operadores catastrales.
Bajo el Gobierno Duque el DNP aprobó el
documento Conpes 3958 (26 de marzo de 2019), que redobló las apuestas del
Conpes 3859 para concretar el sistema de catastro multipropósito y en
particular la política de descentralizar y privatizar la gestión. Con los
artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 (PND) Duque le asestó el golpe
mortal al IGAC y a la función pública de la gestión catastral. A través de
estos artículos se da apertura al mercado de los gestores y operadores
catastrales. Según la lógica neoliberal el mercado puede arreglar todo.
El
catastro multipropósito: una imposición de la OCDE.
El ingreso de Colombia a la OCDE estuvo
condicionado a cumplir con una serie de medidas como mayor apertura comercial,
flexibilización laboral, recorte en la inversión social, implementación de un
salario regionalizado y sectorial, mayor flexibilización del mercado
financiero, eliminación de los pocos mecanismos de fomento a la producción
nacional, ajustes en materia de hacienda pública, más privatizaciones del
patrimonio público y la implementación de un sistema de catastro multipropósito.
Como su nombre lo indica, sirve a los más variados propósitos según las
necesidades políticas de quienes lo utilicen. Pero como en Colombia estamos, de
esos muchos fines, para la OCDE y el Banco Mundial, dos son esenciales:
Primero.
Resolver la titulación de la propiedad en Colombia, para blindar las
inversiones de multinacionales en la compra o alquiler de tierra para el
desarrollo de proyectos al amparo de mecanismos como las Zidres. En resumen, es
una política al servicio de la extranjerización de la tierra colombiana.
Segundo.
Avanzar en la descentralización fiscal para que los municipios tengan más
recursos propios, a través del cobro del Impuesto Predial, que sustituyan
paulatinamente los montos que se recortan de las transferencias del Estado Central.
Cada peso que el Estado deja de utilizar en inversión social, es un peso que
termina en las cuentas del Banco Mundial sufragando los intereses de la
voluminosa y extorsiva deuda externa. Es una política para mantener el saqueo.
Valle
del Cauca: el piloto.
En 2016, tan pronto como apareció el Conpes
3859, la entonces gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se dispuso a
estructurar una Unidad Administrativa Especial de Catastro. En este proyecto la
acompañó la “buena fortuna”.
Terminando su mandato se reglamenta la descentralización catastral, asunto en el
que su bancada parlamentaria se la jugó a fondo; en las elecciones regionales
del 2019 logró que su candidata ganará la gobernación. Pero como dicen: si la suerte existe, que me encuentre
trabajando cuando llegue. Faltando semanas para la transición del mando, la
señora Dilian hizo dos movidas estratégicas para consolidar su apuesta.
Primero, tramitó ante el IGAC la autorización
para que el Departamento del Valle del Cauca actúe como gestor catastral. La
solicitud fue apoyada con el compromiso de 21 municipios, del Valle, de firmar
convenio con el nuevo gestor. No tuvo inconveniente con el proceso, ya tenía 3
años de ventaja.
Segundo, faltando cinco días para entregar el mando del Departamento, (27 de diciembre de 2019), registró ante la Cámara de Comercio de Cali la Sociedad de Avances Tecnológicos Para el Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca, Valle Avanza SAS (Ver escrituras). Esta sociedad se constituyó con un capital de $500 millones de pesos. El 51% lo aporta la Gobernación y el 49% una sociedad privada llamada Servicios Avanzados Catastrales y de Información SAS, filial de la Nexura Internacional SAS, cuyo domicilio es Bogotá (Ver escrituras). No es ninguna firma de vallecaucanos como están diciendo los promotores del negocio.
El 3 de noviembre de 2020 el IGAC informaba a la opinión pública que el Departamento del Valle del Cauca asumió la obligación de gestionar el catastro de los siguientes municipios: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Guacarí, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Sevilla, Toro, Versalles y Yumbo (Ver nota).
Cartago
el piloto del piloto.
De los 21 municipios que suscribieron
convenio con la Gobernación del Valle, Cartago es el primero que tendrá
actualización catastral bajo la modalidad de catastro multipropósito y con
Valle Avanza SAS como operador.
Aún no se conoce el informe de la
actualización, pero personas conocedoras del tema indican que el operador “no cuenta con los recursos tecnológicos ni
con el personal idóneo para realizar tal proyecto, que han tenido que pedir
cobertura al IGAC”. Y no es descabellada esta información. Resulta
inverosímil que una organización sin experiencia y sin suficientes recursos, pueda
superar a una con más de 85 años de experiencia (Ver).
Duros contra el IGAC.
Para
favorecer estos cambios, el Gobierno de Iván Duque, a través de la directora
nacional del IGAC, decidió cerrar las 46 Unidades Operativas Catastrales (UOC)
de todo el país desde el 1 de enero de 2021. En el Valle cerraron Cartago,
Tuluá, Buga, Palmira y Buenaventura. Estas UOC atendían los servicios de 41
Municipios en el Valle. Hasta el momento solo se conoce la solicitud del
gobierno distrital de Buenaventura que pidió al IGAC mantener la oficina en el
puerto hasta que logren la autorización del Distrito como gestor.
Esta
movida del Gobierno Duque está allanando el terreno al nuevo gestor. A unos
alcaldes los presiona para firmen con la Gobernación y a otros les da la
excusa: “es que el IGAC cerró las
oficinas”. Esta es la que está usando el gobierno municipal de Buga, por
ejemplo.
La lucha por el catastro del Valle.
Dilian
logró empezar el negocio con 21 municipios. Pero la joya de la corona son las
ocho ciudades intermedias del Valle con más de 100 mil habitantes: Palmira,
Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga, Jamundi y Yumbo.
Tiene
a Yumbo y Cartago. En proceso de captura a Tuluá y Buga. Pero
pierde a Palmira que firmó convenio con Catastro Bogotá. Buenaventura y Jamundí
están en proceso para ser habilitados como gestores. En caso de que no
prosperen en la iniciativa, seguro podrán tomar el mismo camino que Palmira.
Aunque
el gestor del Valle no logre hacerse al control del catastro de todo el
Departamento, todavía les queda la carta del operador catastral. Una parte
importante de los municipios del Valle no tiene actualizado el catastro, lo
cual representa una oportunidad para el negocio de Valle Avanza SAS. Entre ellos
Buga y sus más de 40 mil predios.
Conclusiones preliminares.
1) Es un error para el país la descentralización de la función catastral. Para modernizar la información catastral no es necesario desmantelar al IGAC. Lo que se requiere es fortalecerlo en los aspectos administrativos, financieros, técnicos y económicos.
2) La descentralización de la función catastral es una manera del Estado de desentenderse de una responsabilidad pública estratégica, para favorecer al capital extranjero.
3) Con la descentralización se abre la puerta para la privatización de la administración catastral, especialmente porque el Estado Central no va a concurrir con financiación a los nuevos gestores departamentales y municipales.
4) La privatización de la operación catastral representa una amenaza para los usuarios del servicio catastral. Detrás de esta privatización viene alzas descomunales en los avalúos e inminentes predialazos.
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