Alerta Buga: se viene un predialazo
Se
viene un predialazo en Buga. Sin ninguna
necesidad para el municipio y sin ninguna obligación legal, el alcalde Rojas se
montó en la moda de la privatización de la gestión catastral. Esta decisión
tendrá consecuencias negativas para la comunidad bugueña. En la próxima
actualización catastral, que puede ser este año o el otro, los 40 mil predios
tendrán un incremento del avalúo comercial descomunal. Esto a su vez, incrementará
el avalúo catastral que es la base para liquidar el Impuesto Predial y la
sobretasa bomberil, sin mencionar los efectos sobre los arriendos.
Desde
el 2019 empezó a operar en Colombia el Catastro Multipropósito. Esta política impuesta
por la OCDE (ver), financiada por el Banco Mundial, y ejecutada por Duque, tiene dos
objetivos fundamentales. Primero, avanzar en la política de titulación de predios
para darle seguridad jurídica a las compras de tierras por parte de
multinacionales, mineras principalmente. Segundo, avanzar en la
descentralización fiscal para que los municipios y departamentos tengan más
recursos propios (Impuesto Predial), y así seguir reduciendo las transferencias
del Estado Central a las regiones. Esto le asegura al Banco Mundial que
Colombia siga privilegiando un mayor porcentaje del presupuesto público a pagar
los intereses de la deuda externa. Una auténtica política de saqueo contra el
pueblo colombiano.
Duque
con el artículo 79 del plan nacional de desarrollo -léase con ironía- impuso la privatización de la gestión catastral,
al quitarle al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) la exclusividad en la administración del registro, formación, conservación, actualización y difusión de la información predial del país. El plan de Duque fue
apoyado por las mismas fuerzas políticas que ahora han creado organizaciones
como Valle Avanza sas. Una empresa de
economía mixta que actúa al amparo del derecho privado y no con el derecho
público como el IGAC. Un ejemplo de este tipo de sociedades es Aguas de Buga. Y
ya se saben las cosas que hace la clase política tradicional con esta empresa
de servicios públicos.
A finales del 2019, la entonces gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le ofreció a Buga los servicios de gestión catastral a través de la Unidad Administrativa Especial de Catastro, cuyo operador catastral es Valle Avanza sas. El gobierno de la época dijo: no, gracias; seguimos con el IGAC. Sin embargo, cuando la fuerza de la señora Dilian tomó el control político de Buga, a través del alcalde Rojas, allanó el terreno para que Buga se monte en la moda de la privatización de la gestión catastral. Aprovecharon el aislamiento de la población durante la pandemia (2020), para que las mayorías del Concejo aprobaran en el plan de desarrollo municipal (Léase con sarcasmo) esta movida. La ratificaron en el Nuevo Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 020. Dic. 23 de 2020). ¿El Concejo no sabía?
El
alcalde dice que es por obligación. Eso es falso. El IGAC continúa ejerciendo
la administración del catastro en los Municipios que así lo decidan. Rechazó al
IGAC porque eso favorece a los intereses políticos de la fuerza que lo tiene en
el poder. Una singular relación público-privado. Unos hacen negocios con la
gestión catastral y otros se benefician de las decisiones de los gestores. Ya
se verá como con la próxima actualización catastral el gobierno tendrá una base
económica mucho mayor para liquidar el Impuesto Predial y la Sobretasa de Bomberos.
Sobretasa que, por cierto, con la reciente reforma tributaria municipal pasó
del 3 al 8,5% del Impuesto Predial. Y todavía tienen el descaro de decir que
bajaron los impuestos. Ojo, más ingresos por Impuesto Predial para pagar la
deuda de $13 mil millones de pesos.
La
comunidad bugueña no debe pasar más dificultades, de las que ya sufre por la
crisis económica y sanitaria, para darle gusto a la codicia de unos pocos. No a
la privatización de la administración catastral. No al predialazo. Si a la
gestión pública del IGAC. Es cuestión de dignidad.
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