¡NO SEREMOS INFERIORES AL RETO!
Dos hechos de gran importancia se
conjugan al cumplirse 20 años de vigencia de la Ley 30 de 1992 - una norma
expedida para materializar las ideas del Libre Comercio en el ámbito de la
educación superior, entre ellas la privatización y mercantilización -, el primero: la crisis financiera de las
universidades públicas, las cuales hoy funcionan con un 48% de recursos
públicos y un 52% de recursos privados; y el
segundo: por primera vez en la historia de la educación pública colombiana
los estudiantes, profesores y trabajadores estamos construyendo una propuesta
de Ley para la educación superior. Dos asuntos que el gobierno quiere negar a
como dé lugar.
Con
la Ley 30 se inició un proceso de desnacionalización de la educación superior
pública, entre otras consecuencias, el
Estado se fue desligando de la responsabilidad de financiar adecuadamente el
funcionamiento y la inversión de las universidades públicas. En 1993 el Estado
otorgaba 85 de cada 100 pesos para el funcionamiento e inversión de
universidades, hoy 2013, solo aporta 48 pesos, los otros 52 los obtienen las
universidades del cobro de matrícula (16) y de la venta de servicios (36).
Estas cifras revelan la naturaleza privatizadora y mercantilista del modelo Ley
30.
En
estos 20 años aumentó la cobertura de las universidades de manera exponencial (256%)
y se hizo más complejo el desarrollo de la docencia, de la investigación y la
extensión, demandando nuevas tecnologías y avances en materia de
infraestructura educativa, para lo cual ni los disminuidos recursos Estatales
(solo han crecido en 83%) ni los recursos propios han sido suficientes. Tan
solo por concepto de nómina docente las universidades han tenido que responder
por más de $700 mil millones, recursos que el Estado desconoce y que representa
un 30% del total de los recursos asignados por el mismo. Los gobierno de turno
en este tiempo, han incentivado la financiación a la demanda a través del
fortalecimiento del ICETEX –durante el gobierno de Uribe recibió 700 millones
de dólares para préstamos estudiantiles-, en detrimento de la financiación a la
oferta, la cual garantiza que las universidades oferten educación de alta
calidad.
Las
cuentas del Sistema Universitario Estatal, SUE, establecen que el
funcionamiento y la inversión de las 32 universidades públicas a precios de
2012, cuesta $ 18 BILLONES,
de los cuales entre aportes del Estado y recursos propios ya hay $ 7 BILLONES, faltando solo $ 11 BILLONES adicionales para garantizar: infraestructura física y
tecnológica, bienestar universitario, contratación y formación doctoral de los
docentes, entre otros. El Gobierno Nacional consecuente con las ideas del Libre
Comercio, se niega a destinar estos recursos, así quedó confirmado cuando negó
la solicitud de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, de asignar$1 BILLÓN más al presupuesto de 2013; así
como la de los Rectores de aumentar en $240
mil millones. El aumento fue solo de $ 100 mil millones.
La
crisis del modelo Ley 30 es una realidad innegable inclusive para quienes la
promovieron. Frente a este panorama los estudiantes no somos indiferentes, por
el contrario, de manera decidida confrontamos la reforma que adelantaba el
Gobierno Nacional en 2011, que profundizaba la crisis creada por la Ley 30, y
cuya victoria le permitió al Movimiento Estudiantil junto a profesores y
trabajadores universitarios emprender la construcción de una propuesta de Ley
Alternativa de Educación Superior. Esta propuesta reconoce el carácter
científico, democrático y nacional de la educación, así como el imperativo por
la adecuada financiación Estatal. El borrador del articulado será aprobado en
la sesión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en abril de 2013 en la ciudad
de Medellín.
Este
será un semestre para conquistar las históricas demandas de los estudiantes,
profesores y trabajadores por una educación pública, científica y nacional.
Tarea que exige un estudio minucioso de la realidad de la universidad pública,
de la propuesta de articulado para una Ley Alternativa de Educación Superior,
así como fortalecer la organización estudiantil mediante la conformación de las
Mesas Amplias Locales, por Facultades, Sedes e Institutos. Esta generación no
será inferior al reto de conquistar una educación superior para un país con
soberanía, democracia y paz.
Organización
Colombiana de Estudiantes –OCE
UNIVERSIDAD
DEL VALLE
Febrero
11 de 2013
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