CIUDADELAS EDUCATIVAS: HERRAMIENTAS DE LA PRIVATIZACIÓN

Aprovechando la tragedia que ha provocado la desfinanciación del sistema educativo, el Alcalde convierte a Buga en el referente nacional en materia de privatización educativa. Proyecto respaldado por el Presidente Santos, un campeón de la privatización. Fue Santos en el año 2001 como Ministro de Hacienda de Pastrana, quien impulsó la reforma constitucional –impuesta por el Fondo Monetario Internacional- que modificó la fórmula y congeló la cantidad de recursos que el Estado destina a los Municipios para asegurar la inversión social. La educación pública ha sido uno de los sectores más atropellados por esta reforma.

Un poco de historia. Desde 1992 hasta el año 2001, el Estado destinó el 46.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación –ICN (Impuestos), para que los municipios aseguraran la inversión en agua potable, saneamiento básico, salud y educación. Sin embargo, al Fondo Monetario Internacional le pareció un despropósito esta cantidad de recursos, por eso “recomendó”, una reforma constitucional - bajo el argumento de estabilizar las finanzas públicas -, la cual fue acogida de inmediato por el Presidente Pastrana e impulsada por su Ministro estrella, Juan Manuel Santos. 

La reforma congelo las transferencias en un monto fijo, adicionando cada año la inflación (Pérdida del valor del dinero en el tiempo), más un 2% entre el año 2002 – 2005 y un 2.5% entre 2006 – 2008. En teoría a partir del año 2009 retornaría el esquemas original del 46.5% de los ICN. La reforma constitucional se convirtió en la Ley 715 de 2001 con vigencia hasta el 2009, la cual se extendió por el Gobierno Uribe hasta el año 2017. Según proyecciones de la Federación Colombiana de Municipios, en el año 2017, si Santos no la extiende de nuevo, los municipios habrán dejado de percibir más de $ 80 BILLONES en transferencias.

Entonces, ¿Cómo sostener el sistema educativo, que tiene costo crecientes, con menos recursos? El Gobierno decidió eliminar y restringir las cualidades que caracterizan a una educación de calidad. 

• Congelaron el régimen de contratación docente del Decreto 2277, régimen obtenido por una poderosa lucha política del magisterio en 1979, que garantizaba estabilidad laboral, autonomía escolar y libertades democráticas. A partir del año 2003 los docentes nuevos fueron vinculados bajo el Decreto 1278, un régimen humillante para el magisterio;
• Eliminaron asignaturas y redujeron la intensidad horaria de las demás;
• Implementaron la promoción automática, para ahorrar los costos que causan los estudiantes que perdían el año;
• Fusionaron instituciones educativas para ahorrar en personal administrativo;
• Restringieron a su mínima expresión el bienestar escolar, de ello es evidencia la eliminación de los restaurantes escolares, reemplazados en muchos casos por refrigerios, en otros si definitivamente desapareció.

Estas medidas explican el atraso científico, tecnológico y físico, así como las oprobiosas condiciones laborales de los maestros en las instituciones educativas de Buga. Todo por cuenta de la desfinanciación que provoco el recorte en las transferencias y en la actualidad maximizadas por la falsa gratuidad educativa de Santos.

El recorte a las transferencias fue rechazado con vehemencia por los estudiantes y profesores, tanto en el año 2001 como en 2007. Desde entonces la lucha política del magisterio y los estudiantes ha sido en contra de la profundización de la privatización educativa, la cual cada vez adquiere nuevas formas, algunas muy novedosas, pero no por ello menos desastrosas. 

Las ciudadelas educativas, atribuidas como una maravillosa genialidad de bugueños, son en realidad herramientas diseñadas para avanzar en la privatización educativa, justificadas como la solución a los problemas de la cobertura y la calidad educativa en Buga. Sin embargo, es necesario precisar que aunque el Presidente Santos respaldó financieramente la modernización física y tecnológica del Colegio Académico, con un monto superior a los $ 12.000 millones, NO EXISTE el compromiso de aumentar la cantidad de recursos para asegurar el adecuado funcionamiento de las modernas instalaciones de esta institución.

La pregunta es ¿Cómo garantizar los recursos para que la Ciudadela del Académico funcione sin contratiempos? Hay dos posibilidades:

1. Buga destina una parte de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación –ICLD (Impuestos).
2. El Académico genera recursos propios y ahorre en costos de operación.

La primera solución se llama “municipalización”, medida que conduce inevitablemente a la segunda alternativa, la “plantelización”.

Con respecto a la primera alternativa, es una medida que obliga a los bugueños a responder por compromisos por los que ya pagaron, pero que como el Gobierno nacional privilegió atender los compromisos que adquiere con el Fondo Monetario Internacional, le descarga la responsabilidad al Municipio. Esto implica inevitablemente más impuestos.

En Buga, de los $ 30.500 millones de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, más de $ 24.000 millones están comprometidos entre funcionamiento de la administración central ($ 20.500) y el pago de la deuda pública ($ 3.500). Los otros $ 6.500 millones están comprometidos en el desarrollo de obras de todo tipo. Según estas cifras, la posibilidad de que el Municipio asuma los nuevos costos de las modernas instalaciones de las ciudadelas estará limitados a los cerca de $ 6.500 millones restantes de los ICLD. ¿Será que la clase política tradicional de Buga destinará una parte o la totalidad de los $ 6.500 millones para el sostenimiento del sistema educativo público? Los hechos hasta el presente nos indican que NO. Ante lo cual la alternativa es la plantelización.

En teoría, aunque Buga pudiera asumir los nuevos costos que genere la operación de la Ciudadela Educativa del Académico, no así, de las otras cuatro (4) que están proyectadas, en la práctica esto es improbable porque implica que el Municipio deja de invertir en sectores de interés para la clase política tradicional. Asunto que el Presidente Santos y el Alcalde saben a la perfección. 

Con la apuesta de financiar la modernización física y tecnológica de algunas instituciones, pero no asumir los costos que trae consigo el funcionamiento de las modernas instituciones, el presidente Santos como el Alcalde, buscan profundizar la política de privatización educativa. Esta estrategia está respaldada por el régimen de concesiones y las Asociaciones público-privadas. No es un invento, ya tienen el sendero jurídico para proceder. El Decreto 2355 de 2009 permite que los Municipio certificados, como Buga, que justifiquen incapacidad para sostener el sistema educativo, pueden concesionar el servicio. De igual manera la Ley 1508 de 2012, reglamentó el régimen jurídico de la Asociaciones público –privadas, instrumentos a través de cual el capital privado se vincula en la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados. 

En el caso de la Ciudadela del Colegio Académico, no requieren concesionarla, porque en esencia se desarrolló bajo la modalidad de una Asociación público-privada de iniciativa privada, pues fue promovida por la Fundación Colegio Académico y respaldada financieramente por el Gobierno Nacional y Local. En adelante la responsabilidad por el pleno funcionamiento de la Ciudadela depende de la capacidad de la Dirección del Académico para obtener recursos propios, ya sea con la venta de servicios o el alquiler de algunas de sus modernas instalaciones, y ahorrando en costos de operación, especialmente recortando aún más las garantías laborales de los profesores y trabajadores. Con las ciudadelas, la modalidad de prestación de servicios como forma de vinculación de docentes se convierte en parte de la estrategia de reducir en costos de operación, así como la política de ampliar la carga laboral de los profesores sin aumento salarial. 

Tergiversando los anhelos históricos de estudiantes, profesores y padres de familia, el Alcalde de Buga ha puesto la primera piedra de un macro proyecto para concentrar la oferta física educativa, pasando del decaído sistema de colegios y escuelas satélites a un sistema de ocho (8) “CIUDADELAS EDUCATIVAS”, cuyas modernas instalaciones físicas y tecnológicas, se convierten en un atractivo nicho de inversión para el sector privado. Para cumplir con este propósito ya tienen jurídicamente la vía libre, solo deben profundizar en las condiciones para el asalto final del sistema educativo público. Estamos hablando de privatización pura y dura. Confrontarla es el reto del movimiento educativo. 

La comunidad educativa de Buga, especialmente al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Subdirectiva Buga, le corresponde liderar las acciones para esclarecer las verdaderas implicaciones del modelo de las Ciudadelas Educativas, así como en fortalecer los mecanismos de organización y movilización del movimiento por una educación pública, gratuita, de calidad y nacional.

Abajo la privatización educativa.

Que viva la educación pública, científica y nacional.

Por: César Collazos Rico.