¿QUIÉN Y POR QUÉ PERSIGUEN A LOS TRABAJADORES INFORMALES Y PEQUEÑOS COMERCIANTES DE LA AVENIDA DEL MILAGROSO?

     Tienen en la mira a los pequeños comerciantes de la Avenida del Milagroso de Buga. Detrás de esta situación está Latorre ejecutando la política de Santos sobre la recuperación del espacio público para el efectivo aprovechamiento económico y la apuesta del perfil económico de la ciudad en torno al turismo. Si los pequeños comerciantes y los trabajadores informales no se movilizan masivamente, van a desaparecer del paisaje económico de la ciudad.

Para el Gobierno de Latorre y la Cámara de Comercio, la presencia de trabajadores informales genera un desgaste del paisaje de la Avenida del Milagroso. Este asunto tiene dos problemas. El primero la forma. El gobierno está tratando el asunto de la informalidad como si fuese un problema de orden público, cuando en realidad se trata de una realidad económica que afecta al 48% de los trabajadores vallecaucanos. El segundo problema es que acabar con la presencia de los impulsadores de ventas significa eliminar las condiciones de sobrevivencia económica de más de un centenar de pequeños comerciantes. Lo anterior agudiza el problema de la informalidad y el desempleo.

La Cámara de Comercio de Buga viene trabajando desde hace años en consolidar un perfil económico alrededor del turismo. En el año 2000 fueron protagonistas en el proceso de reubicación de los vendedores que estaban ubicados en la plazoleta de Lourdes. Esta reubicación permitió la recuperación del espacio público, en el cual la Basílica realiza importantes actos religiosos y culturales. Son precisamente estos vendedores, que en la actualidad están ubicados en la antigua casa Molina o centro Comercial de los Milagros #1, los afectados con la persecución a los impulsadores de ventas. El gobierno de Latorre es consciente de la inminente afectación.

Luego de la protesta por la imposición de comparendos a cuatro impulsadores, por un valor de 800 mil cada uno, el gobierno local y la Cámara de Comercio les propuso a los impulsadores y a los comerciantes lo siguiente:

1) Reducir la cantidad de promotores y formalizar un vínculo laboral entre estos y los pequeños comerciantes.

2) Capacitación en el Sena para los trabajadores informales con miras a desarrollar emprendimientos.

3) A los comerciantes la Cámara les propone desarrollar una plataforma en redes sociales para hacer mercadeo y prescindir de los impulsadores.

Estas salidas, lejos de resolver el problema lo agudizan. Veamos porqué:

Primero, la formalización laboral. Dado de que se trata de pequeños comerciantes de artículos religiosos, restaurantes y hoteles, estos no se encuentran en la capacidad económica para responder por obligaciones salariales y prestacionales de un trabajador. Un trabajador en Colombia le cuesta a un empresario al mes mínimo 1.2 millones de pesos. Si se realiza un proceso de formalización, al final se queda sin negocio el comerciante y sin empleo el trabajador. Van a terminar los dos engrosando las filas del rebusque.

Segundo, la capacitación para el emprendimiento. La Cámara de Comercio intuye un potencial emprendedor en muchos de los impulsadores de ventas. Infortunadamente no se garantizan las condiciones financieras y económicas para que los informales se conviertan microempresarios. La resolución del mínimo vital para las familias no se hace con potenciales cualidades, se hacen con bienes materiales.

Tercero, la plataforma en redes sociales para el mercadeo. Dadas las condiciones de ubicación de los pequeños comerciantes, no hay garantías de concretar ventas con la exposición en redes sociales de la oferta de artículos religiosos. Esta puede ser una herramienta complementaria, pero no sustituye el papel del impulsador de ventas.

El gobierno está aprovechando las discrepancias entre los comerciantes que llegaron al sector después del año 2000 y los antiguos vendedores de la plazoleta, en la actualidad ubicados en la casa Molina. Los primeros deben pagar alquileres y servicios más caros, pero tienen la ventaja de tener mejor ubicación. Por el contrario, los segundos, aunque pagan servicios de administración bajos porque son dueños colectivamente de la casa e individualmente de los locales, tienen una enorme desventaja por la ubicación alejada del público. El Gobierno ha tomado partido en favor de los primeros.

La Cámara de Comercio con el respaldo del Gobierno local que preside Latorre, está desarrollando proyectos enmarcados en la política de las ciudades amables. Esta política la trazó el Banco Mundial y la plasmó el Gobierno Santos en el CONPES 3718 de 2012 (Ver documento). En el proyecto de ciudades amables los trabajadores informales, llámense vendedores ambulantes y/o estacionarios, le restan estética a los paisajes urbanos, pero sobretodo no permite el aprovechamiento económico efectivo del espacio público, pues no tienen condiciones financieras para hacer inversiones.

La recuperación de espacio público no es para el disfrute de los ciudadanos, sino para estimular que inversionistas privados paguen por el uso del espacio público para desarrollar actividades comerciales.  En este orden de ideas, las iniciativas con más músculo financiero se apropian del espacio público. Mientras tanto, los trabajadores informales deben ser desalojados con medidas coercitivas, como los comparendos del Nuevo Código de Policía, y/o con el cobro de tarifas por aprovechamiento.

No se deben extrañar los vendedores de cholados, gafas y artesanías, los emboladores, promotores de ventas y los guías de parqueaderos, si un día les dicen que les van a cobrar una tarifa para poder trabajar en la Avenida del Milagroso. El CONPES 3718 de 2012 le da al Alcalde la posibilidad de aplicar esta perversa medida y conociendo el talante del mandatario, no demora en hacerlo.

El fenómeno del desempleo y la informalidad es responsabilidad de la política económica que ejecuta Santos; el Nuevo Código de Policía con el que persiguen a los compatriotas que viven del rebusque, fue promovido por Santos y aprobado por los Partidos tradicionales, incluido el uribismo; el CONPES 3718 de 2012 sobre el espacio público, hace parte de la política económica y social de Santos. Estas medidas hacen parte del modelo económico que se viene ejecutando sin interrupción desde el gobierno de César Gaviria (1990 – 1994). Su esencia es reemplazar la producción y el trabajo nacional por el extranjero, y reprimir sin tregua a los que reclaman justicia social, trabajo digno y condiciones óptimas para la producción y el comercio nacional.

Aunque es una política nacional, Latorre puede tener un trato justo y respetuoso con los bugueños que se ganan la vida con el comercio y el rebusque. Existen Sentencias de la Corte Constitucional sobre la protección al trabajo informal (T-722 de 2003, T-067 de 2017, C-211 de 2017) . Aunque el Gobierno puede promover acciones para recuperar el espacio público, está obligado a: garantizar el mínimo vital de los que ocupan el espacio público y realizar el proceso mediante la concertación. En el caso de los impulsadores de la Avenida del Milagroso no se está cumpliendo con estos dos criterios.

Vecinos comerciantes y trabajadores informales de Buga: sí no se movilizan en defensa del derecho al trabajo digno, al mínimo vital y al desarrollo de la empresa privada, los van a borrar del mapa del comercio local. Desde hace 27 años en Colombia se aplica la política de favorecer a los inversionistas y a las mercancías extranjeras en detrimento de la producción y el trabajo nacional. Ojo, vienen por todos.

¡Movilización, movilización y movilización!