¿POR QUÉ Y PARA QUÉ 1 BILLÓN DE PESOS?

El más reciente estudio del Sistema Universitario Estatal –SUE, demuestra que de 1993 a 2012 las universidades  públicas han dejado de recibir cerca de 4 BILLONES de pesos para el presupuesto de funcionamiento e inversión, detallando que el desproporcionado incremento de la cobertura en este mismo lapso de tiempo frente a la asignación de recursos públicos para la oferta de educación superior es la puesta en marcha de la política de autofinanciación de las universidades públicas. El análisis concluye que la necesidad en materia de presupuesto para las  universidades públicas a 2012, es de 11 BILLONES de pesos y que en adelante en cada año debe existir un incremento real de acuerdo a las nuevas necesidades y responsabilidades que asuman las universidades. El debate es profundo.

En 1993 las universidades públicas contaban con 159.218 estudiantes, en 2012 la cifra asciende a 566.611 estudiantes: el incremento es del 256% en la cobertura. No obstante, en 1993 el presupuesto es de 1.2 Billones de pesos y en 2012 es de 2.2 Billones de pesos: el incremento es del 83%. Concluyente la cifra, un desequilibrio equivalente al 173%, en últimas, más responsabilidades con menores recursos. La asfixia presupuestal es cada vez más aguda, desde 1993 hasta 2011 hay un déficit presupuestal para la atención de personal de 700 mil millones de pesos, de los cuales 260 mil millones devienen del Decreto 1279 de 2002 que aumentó el salario de los docentes con la aplicación de una tabla salarial basada en puntuación; 250 mil millones por reglamentaciones referentes a los aportes a pensiones; y 190 mil millones por concepto de aportes a salud e igualdad de condiciones laborales a los docentes y personal administrativo contratistas similares a los de planta. Esta suma representa el 30% de los recursos que el Estado asigna a las universidades públicas en la actualidad.

La pregunta es ¿cómo han operado las universidades en este tiempo? Operan gracias a la autofinanciación: alzas en el cobro de matrícula y la venta de servicios; y segundo, por la reducción de costos: la reducción en las garantías laborales del personal docente y administrativo, el desmonte de las garantías del bienestar universitario y el desmonte de los recursos para mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica entre otros aspectos. 

Cuando entró en vigencia la ley 30 los aportes del Estado al funcionamiento universitario correspondían al 85% del total del presupuesto de gastos, el 15% restante los obtenían del cobro de matrícula -7%- y venta de servicios -8%-. Para el año 2012 el Estado gira el 51% de los recursos para funcionamiento, los restantes 49%, se obtienen en un 14% del cobro de matrícula y el 35% por venta de servicios. Ejemplo de ello, la Universidad del Valle, en el periodo 2000 – 2010, los recursos propios pasan de 54 mil millones a 76 mil millones, un crecimiento del 41%, mientras los recursos indexados por el Estado solo crecieron en un 0.13%. Esta misma institución destina el 5% del presupuesto que gira el Estado para su funcionamiento, a las Sedes Regionales que atienden al 37% de la población estudiantil de la misma. En el sistema de regionalización de univalle opera perfectamente la política de la autofinanciación o de la mediocridad académica y educativa que impulsa el neoliberalismo.

Dos son los elementos en los que se encuentra la esencia del debate por la crisis universitaria, el primero, es la sistemática desfinanciación de la oferta -representada en funcionamiento e inversión para las universidades- y segundo, la tendencia del incentivo a la financiación de la demanda, materializado mediante los programas de créditos estudiantiles que ejecuta el ICETEX por mandato del Banco Mundial.

Valores en pesos.

Los 11 BILLONES de pesos que requieren las universidades públicas para su funcionamiento e inversión, están desagregados así:

• Para vincular al 70% de profesores tiempo completo: $429 mil millones. Esto representado en 19.215 docentes.
• El 100% de la planta administrativa 15.199 trabajadores y empleados: $236 mil millones.
• Formación doctoral del 30% del profesorado (7.913 profesores): $2.1 billones. Esto es $104 millones al año, durante cuatro (4) años.
• Infraestructura: $ 7.2 billones. Desarrollo de Área académica y administrativa, el requerimiento es de 4’742.000 de m², equivalentes a 8 m² por estudiante, por un costo de $5.6 billones; sostenimiento de edificios patrimoniales, cerca de 165.963 m²: $49 mil millones; acceso a discapacitados, área de 2’710.000 m²: $363 mil millones; norma de sismo resistencia, desarrollo de 2’710.000 m²: $512 mil millones.
• Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones: $334 mil millones.
• Bienestar universitario: $218 mil millones. De los cuales $12 mil millones son para servicio médico; programas de apoyo a estudiantes: $206 mil millones, para atender al 100% de estratos 1 y 2, atención del 50% del estrato 3.
• Recursos de apoyo académico: $153 mil millones. Esto representado por 1 computador por cada profesor y administrativo y 1 por cada 10 estudiantes, en total la necesidad es de 91.365 computadores, en la actualidad hay 63.278; la puesta en operación de 6.296 aulas con tecnología audiovisual (en la actualidad hay 1.860); y la inversión de $19 mil millones en bases de datos.
• Gastos administrativos: por un valor de $406 mil millones. Aquí se incluyen aspectos como: seguridad física, electrónica e informática; impuestos, servicios públicos, pólizas de seguros; aseo; mantenimiento; acreditación y sistemas de gestión entre otros.

Estos recursos son los necesarios para atender la oferta actual de las universidades públicas del país. Nuevos incrementos en la población estudiantil, demandan nuevos incrementos en los recursos para el funcionamiento la inversión.

Los actores en el debate hacen cuentas y plantean demandas: el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda ha manifestado que entregará $100 mil millones de adicionales al presupuesto de 2013, equivalentes al 0,9% de los 11 billones que se requieren; los rectores han solicitado 250 mil millones, que equivalen 2,3% de la necesidad presupuestal según el SUE; por su parte, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE exige 1 BILLÓN DE PESOS MÁS PARA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, lo que es cerca del 9% de la necesidad real, demanda que también es acogida por otros sectores interesados. La MANE es consciente que esta cifra no soluciona el problema definitivamente, pero detiene la asfixia presupuestal de las universidades, que hoy, por vía de la política de la autofinanciación, soslayan la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, las garantías laborales de los docentes y trabajadores, el bienestar universitario y el mantenimiento de la planta física y tecnológica. En la lógica del mercado donde hoy navega la universidad pública quién invierte pone las condiciones. Mensaje claro: adiós universidad pública, científica y nacional.

En una nación soberana y democrática la demanda de la comunidad universitaria no sería catalogada de imposible, negativa que se acompaña de argumentos ambiguos, demostrando que la clase dirigente de este país es la más fanática en la secta de los neoliberales, la misma que se desvive por otorgar privilegios tributarios, laborales, ambientales entre otros a la inversión extranjera y monopolios, mientras se descargan en las capas medias y bajas de la población los costos de dichos privilegios.  Basta con la exorbitante cifra de $9 billones que por concepto de exención tributaria a las multinacionales de la gran minería dejan de ingresar a las arcas públicas anualmente; los $23,13 billones del sistema financiero (agosto de 2012); las utilidades de los fondos de pensiones -$7.5 billones; los $10 billones de utilidades de las EPS por intermediación en la prestación de salud. Todo en una nación donde se privilegian los intereses de una clase que se separó su suerte personal de la del resto de los colombianos, para quienes la desdicha de las mayorías son sus bienaventuranzas.

La pregunta obligada  es: ¿no hay recursos Estatales para cubrir los 11 BILLONES DE PESOS que requiere la universidad pública colombiana? Respuesta: mientras no exista un proyecto de nación con soberanía económica, que proteja y fomente el mercado interno y sus fuerzas productivas en todas las formas, respetuoso del trabajo y el medio ambiente. No habrá un modelo de educación científica y humanística de la más alta calidad, de acceso a toda la niñez y juventud colombiana, financiada a plenitud con recursos públicos y al servicio del desarrollo de la nación.

Finalmente, la tarea de los profesores, estudiantes, trabajadores y directivos es profundizar en el estudio de nuestro actual modelo de país y de universidad, fortalecer las formas organizativas de cada estamento para que funcionen en virtud de una movilización democrática permitiendo la conquista de una nación soberana, pluralista, con un mercado interno sólido, respetuoso del trabajo y del medio ambiente, y que impulse la ciencia, la cultura y las artes.

Por: César Kollazos  y Marcel López

Representantes estudiantiles ante el Consejo Académico Universidad del Valle.